Ningún pibe nace chorro

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, impulsado y avalado por Mauricio Macri y el equipo de Cambiemos, intenta instalar en debate el asunto de la baja en la edad de imputabilidad; es decir, el tema de discusión es la incorporación al sistema penal de los adolescentes menores de 16 años. Esta posibilidad no es otra cosa que “patear la pelota” para otro lado, y desligarse de las verdaderas responsabilidades que deberíamos estar asumiendo, como sociedad, en relación a las condiciones de vida que afrontan muchos niños y adolescentes en Argentina.

Para poder justificar por qué decimos NO a la baja en la edad de imputabilidad, se nos hace más fácil identificar por qué no diríamos que sí, en todo caso.

Si dijéramos que sí, estaríamos confinando a niños y adolescentes a vivir una vida llena de imposibilidades. Estaríamos fomentando la estigmatización y la criminalización que vienen sufriendo los pibes desde que llegaron a este mundo. Estaríamos demostrándoles que no tienen lugar en ésta, una sociedad que los reprime, en lugar de buscar soluciones reales; una sociedad que los confina, en lugar de velar por más y mejores garantías de una vida digna; una sociedad que sólo piensa en su ombligo; una sociedad en la que los verdaderos victimarios, al parecer siempre van a tener privilegios.

Si dijéramos que sí, estaríamos “lavándonos las manos” y mirando para otro lado. Estaríamos a contramano de la búsqueda de políticas públicas de inclusión social; no nos interesaría, claro. Si creeríamos en el sí, no nos importaría el mañana ni el hoy (o nos importaría sólo nuestro mañana, nuestro hoy).

Si dijéramos que sí, creeríamos que los grandes medios de comunicación hacen bien en reproducir lógicas de exclusión y criminalización de la pobreza a diario, entenderíamos que estarían cumpliendo a raja tabla con su función, al servicio de la sociedad. Creeríamos que el acceso a una mejor realidad, a recibir educación, a una vivienda, trabajo y salud sólo lo merecen algunos pocos, pero poderosos. Y también, claro, nos consideraríamos con la capacidad para determinar quiénes si pueden y quiénes no pueden acceder a mejores derechos. Sí, si dijéramos que sí, el mérito estaría instalado en nuestras cabezas, reforzando la idea de que los que nacimos de éste lado, del lado “bien”, del lado aceptado y limpito, nos esforzamos mucho por no ser delincuentes.

Si dijéramos que sí, no creeriamos que es el Estado quien debe garantizar y bregar por los derechos humanos. Si dijéramos que sí, no creeriamos en el Estado. El sí, nos haría ocultar una realidad en la que los pibes se encuentran expuestos a detenciones ilegales, al armado arbitrario de causas. El sí, nos haría cómplices de la utilización de pibes como mano de obra de la policía. Si iríamos por el sí, no nos importaría Luciano Arruga, Franco Casco, Ismael Sosa. El sí, no nos impulsaría a la búsqueda de respuestas en relación a los villamarienses Joel Solá, Maxi Zucarelli y Kevin Salas.

Si dijéramos que sí, no nos importarían los pibes.

En este marco, el Código de convivencia ciudadana de la provincia de Córdoba se constituye como un documento que permite a la policía cordobesa actuar arbitrariamente. Esto es así, a partir de la presencia de ciertas atribuciones que éstos pueden ejercer, las cuales se encuentran determinadas en dicha normativa.

En una nota publicada en un medio provincial en febrero de 2017, la docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Andrea Bonvillani aporta las siguientes lecturas:

  • Hay violencia social que termina en un “juvenicidio” o, lo que es lo mismo, en la muerte silenciosa de jóvenes de sectores populares que son víctimas de la estigmatización de agentes policiales que encarnan el racismo de parte de la sociedad.

  • Uno de los grandes problemas es que la Policía de Córdoba no da cifras oficiales acerca de las detenciones que ocurren en la vía pública. Lo último que tenemos son datos de 2011 que indican que hubo 73 mil detenciones arbitrarias.

  • No se trata de jóvenes que son detenidos por la comisión de un delito; se los detiene por la sospecha de que potencialmente pudieran realizar el delito.

  • Las sospechas se alojan los prejuicios del agente policial, que se expresan en el aspecto extremo de los jóvenes, en determinadas características fisonómicas, su color de piel, pautas estéticas y modos de habitar la ciudad que generalmente están vinculados a una cultura popular.

  • En el Código de Faltas derogado recientemente aparecía el “merodeo”, que habilitaba a los policías a realizar las detenciones arbitrarias. Ahora, el nuevo Código de Convivencia tiene el mismo efecto pero a través de un artículo denominado “actitud sospechosa”.

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