“Un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”

Así se expresa en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que fue aprobado por Resolución 1/2019 del ministro de Salud Ginés González García y publicado en el Boletín Oficial esta mañana.

Este documento tiene como objetivo “ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo”. Se trata de un Protocolo de similares características al que había sido presentado por el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein que luego fue derogado por Mauricio Macri.

Imagen extraída de agencia.farco.org.ar

El texto en cuestión cita que el acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado en el marco jurídico argentino por la CN y los Tratados de Derechos Humanos lo incorpora en su reforma del año 1994. Así como también, esta práctica encuentra respaldo en el Código Penal de la Nación de 1921 y en el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015. Respecto a ésta última normativa, es preciso mencionar que incluye derechos que no estaban previstos en el Protocolo del año 2015.  Agrega que el Fallo F.A.L del año 2012 orienta el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo; también aseguran que la OMS actualiza periódicamente la guía de atención del aborto.

El documento introduce que en términos clínicos se incorporan las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE y resalta la importancia de garantizar el acceso rápido a la atención integral.

“Este protocolo deberá ser actualizado cuando los estándares jurídicos, estándares clínicos y el avance del progreso científico reconozcan más derechos e introduzcan nuevas evidencias. Estas modificaciones deberán ser siempre progresivas, dado que mejorar la vida y la salud de las personas requiere de bases científicas cada vez más sólidas y de un reconocimiento de derechos cada vez más integral e inclusivo”, establece el texto.

En sus declaraciones referidas al tema, Ginés González García aseguró: “Es salud pública, no tiene sentido convertirlo en un debate religioso o político”, también indicó que desde el ministerio están brindando un “instrumento sanitario” para que se cumpla la ley.

Al igual que en las declaraciones del ministro, el documento advierte que la objeción de conciencia no puede recaer en el incumplimiento de los deberes de lxs profesionales de la salud y tampoco vulnerar los derechos de lxs pacientes.

Así, en caso de que unx trabajadorx de la salud desee ejercer la objeción de conciencia (que es individual), podrá hacerlo siempre y cuando esto sea declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes. El Protocolo cita que, todxs lxs profesionalxs de la salud, aunque decidan aplicar la objeción de conciencia, tienen la obligación de proveer la información acerca del derecho de acceder a una ILE y a “respetar, proteger y garantizar la autonomía de la persona gestante”. En este sentido, define que, en caso de objeción ante la solicitud de una ILE, lxs profesionales deben remitir de manera inmediata a la persona solicitante a unx profesional dispuestx y/o disponible para la realización de la práctica. Asimismo, asegura que, no se podrá ejercer dicha objeción en caso de que no existiera profesional disponible para llevar a cabo la práctica de manera oportuna y tampoco en situaciones de emergencia, cuando se deba realizar una ILE con urgencia, puesto que se pondría en riesgo la vida de lxs pacientes.

“No creo que sea fácil ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia mucho más allá del protocolo”, expresó Ginés González García.

Hace click en este enlace para acceder a la Resolución 1/2019 y allí podes descargar el Protocolo.

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