Lo que el poder judicial no quiere ver

Por Daniela Poblete Ibañez* para Revista Emancipa

Mariana Gómez  fue condenada a un año en suspenso y el pago de costas tras un proceso que se inicio hace casi 21 meses y que terminó en un fallo que ignora la perspectiva de género, aunque las obligaciones internacionales adoptadas por Argentina indiquen lo contrario. Además, este fallo encubre uno de muchos actos de discriminación que comete la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes 28 de junio nos concentramos para acompañar a Mariana y Rocío en la audiencia que dio lectura a la sentencia de un juicio que nunca tendría que haber sido. La obstinación del poder judicial por llevar a adelante este proceso sólo tiene justificación en el objetivo disciplinante que tienen la gran mayoría de estas sentencias.

Todes conocemos los hechos. Mariana se encontraba junto a Rocío fumando un cigarrillo y como cualquier pareja, se encontraban realizando expresiones físicas de cariño y amor sin pensar en que eso podría provocar molestia al punto de terminar detenida una de ellas. Cuando ellas estaban ahí, tranquilas, se les acercó un funcionario de metrovías a pedirles que dejen de fumar. Ante esto Mariana pide que le dejen terminar su cigarro ya que en la estación no había cartelería de prohibido fumar y como ella, habían una decena de personas que se encontraban fumando. El funcionario de metrovías se va y vuelve junto a un policía que le pide a Mariana que deje de fumar y ella responde exactamente lo mismo. Aquí el punto de inflexión. En ese momento el policía comienza a tratarla de «pibe» y  realizar expresiones verbales y físicas de notoria discriminación ¿Son motivos suficientes para que una persona perteneciente al colectivo LGTTBIQ+ se altere? Por supuesto que si.

Lo que el poder judicial no quiere ver, ignora u omite, es el contexto en el que se realizan los actos de discriminación a las personas LGTTBIQ+. Mariana se canso de decir en todo el proceso que fue maltratada y discriminada por el policía que se le acercó. En todas las instancias, incluyendo el INADI, plantean que esto no se puede probar. Con ello exigen que la provocación del agente de seguridad haya sido de un carácter público tal, que haya sido imposible no tener testigos del hecho ¿De verdad vamos a dejar que la resolución de estos casos quede a la voluntad de quien discrimina a no tener ni siquiera el pudor de manifestar y alardear de su posición homofóbica? Por eso es que la perspectiva de género es tan importante en el proceso de investigación de estos casos, perspectiva que no sólo deben tener les abogades que representen a quienes fueron discriminades, sino también y por que la ley lo estipula, todes les agentes del Estado que intervienen, desde la policía, fiscales, hasta les jueces.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que ha habido un desarrollo jurisprudencial y doctrinario en el ámbito internacional y en las distintas regiones sobre la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de genero pero, pese a este desarrollo, aún no contamos con una idea definida sobre la violencia provocada por el prejuicio que existe hacia la orientación sexual, disidencias e identidad de género. Esta es una de las principales razones por las que en el caso de Mariana era perentorio que la perspectiva de género inundara el proceso porque si bien, aún no tenemos una definición, se entiende que el proceso que crea doctrina sobre la no vulneración de los DDHH hacia la colectividad LGTTBIQ+ es un proceso vivo que se nutre de los distintos aportes que generan las jurisdicciones tras el análisis de la legislación, jurisprudencia y resolución de procesos judiciales con la lupa de la perspectiva de género ampliamente trabajada en el ámbito académico.

Lo que sí ha recabado la CIDH, a través de sus funciones de monitoreo, son las características de este tipo de violencia. Al respecto, entre otras, plantea: «Muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de castigar dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo… La violencia se puede manifestar en el uso de la fuerza por agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer cumplir la Ley…»(1)

Cuando escuchamos el relato de Mariana y Rocío sobre aquella parte del episodio de discriminación que no tuvo exposición pública, podemos reconocer cada una de las palabras que describen a esta característica de la violencia contra personas LGTTBIQ+ ¿Tenemos duda de ello al leerla y compararla por lo narrado por las chicas? Lo que si nos puede producir duda es que, por acción u omisión, la fiscal y la jueza no hayan tenido en cuenta la información, opinión y recomendaciones que entrega la CIDH.

Por otro lado es conocida la preocupación por parte de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones activistas por los derechos de las personas LGTTBIQ+ por la violencia que ejercen los agentes de seguridad de todos los países hacia esta colectividad. Constantemente se hacen denuncias públicas y judiciales sobre agresiones cometidas por miembros de estas instituciones que se caracterizan por casos de abuso de autoridad, violencia física y simbólica entre otras, cometidas por prejuicio. La situación es alarmante si sumamos que las fuerzas de seguridad cuentan con herramientas procesales que en muchos casos encubre situaciones ilegales y discriminatorias, además que, la versión contada por los agentes de seguridad tiene un valor de no reproche producida por una ficción creada institucionalmente y socialmente que nos dice que la palabra de un agente es intachable. Nadie cree esta ficción pero en el fondo es profundamente militada por la sociedad.

Todo esto genera un escenario, en el caso de Mariana y otros seguramente, en el que poder judicial no se quiere parar. Probablemente porque el prejuicio también está en los funcionarios que intervienen en estos casos y amparados en una interpretación reduccionista en la que se presenta el derecho como pura norma, prefieren omitir el contexto y se olvidan que el derecho también es practica discursiva que convierte a las personas en sujetos de derecho y legitima las relaciones de poder entre estos sujetos.

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este caso, antes de ver si hubo alguna agresión al policía o la policía que intervinieron en el hecho, la jueza y la fiscal debieron preguntarse qué sucedió para que Mariana reaccionara exigiendo vehementemente que se le respetara, que se le tratara como mujer y que no se la discrimine. En este caso era necesario tener en cuenta que existe un contexto social que predispone un comportamiento violento hacia las personas que no responden a los designios de la heterónoma, no sólo porque lo exigimos las organizaciones y activistas de la materia, sino porque es parte de lo recomendado por los organismos de DDHH institucionales y militantes también.

Este proceso carece de todas las recomendaciones a tener en cuenta cuando es parte una persona perteneciente a la colectividad LGTTBIQ+ que además presenta dentro de sus descargos un profundo acto de discriminación. Lo que nos queda después de este proceso de casi dos años es que a pesar de todos los avances legislativos como la Ley de Identidad de Genero, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley Micaela y la incorporación a nuestra Constitución de los Pactos, Convenciones y Tratados de DDHH,  es que aún tenemos un poder judicial que juzga a través de los prejuicios y de los mandatos de la heterónoma, que no admite la existencia de otres por fuera de lo que se instaló como idea hegemónica.

Producto de la organización, lucha y vida de muches se han roto barreras de invisivilización y se han reconocido derechos que hasta hace poco eran negados. Nos falta la incorporación de esos principios en la interpretación de la Ley en el poder judicial, porque para este poder del Estado al parecer, existen Leyes de primera y segunda categoría y lamentablemente les históricamente vulnerades estamos dentro de esas Leyes que los agentes de seguridad, fiscales y jueces, entre otres, no quieren ver ni leer.

*Daniela es editora de Revista Emancipa Argentina.

[1] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015, parr. 25.

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