24 de Marzo: el Estado terrorista y un Siempre Más

*Por Marcos Ongini

Este domingo conmemoramos un nuevo aniversario del último golpe cívico-eclesiástico-militar que sufrió nuestro país. Han transcurrido 43 años de aquel día en que la Junta Militar encapuchó el sol de la Patria y salió a patrullar las calles amparada por la impunidad de la noche, secuestrando y desapareciendo militantes, trabajadorxs y estudiantes, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 25 años. Sin embargo, el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976.

El Estado Nación argentino se fundó sobre el genocidio de los pueblos originarios en las diferentes campañas militares, cuyo fin estuvo centrado en la apropiación de sus territorios, convirtiéndolos en lotes para la producción ganadera de la oligarquía exportadora nucleada en la Sociedad Rural Argentina. Una de las familias más beneficiadas de esta política fue la Martínez de Hoz. No es casual que el gobierno de Videla y compañía conmemorara el Centenario de la Campaña del Desierto desplegada por el Gral. Roca.[1] Por esos días de 1979, se entregaban como motines de guerra niñas y niños robados a sus madres detenidas-desaparecidas como cien años antes lxs hijxs de las mujeres originarias para servidumbre de las familias estancieras de Buenos Aires.

Estas prácticas de robo, esclavitud, abusos sexuales y exterminio tienen sus antecedentes en el orden colonial instaurado a partir de la invasión y conquista de América y su continuidad histórica durante todo el siglo XX conforme a los intereses económicos de los sectores terratenientes, empresariales y financieros locales y extranjeros. Es así, que el Estado argentino en un sinfín de hechos fue perfeccionando la metodología represiva que derivó en la última dictadura, produciendo la mecanización y sistematización de la muerte en los centros clandestinos de detención. El terrorismo  de Estado tuvo como objetivos el disciplinamiento social ante la creciente movilización y participación política de la clase obrera, la ruptura de los lazos entre la ciudadanía y la deshumanización y eliminación de lxs opositores políticos para implementar “la miseria planificada”[2]como se refiriera Rodolfo Walsh al modelo económico neoliberal diagramado por la Escuela de Chicago y ejecutado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

El golpe de 1930 inauguró la toma del poder estatal por medio de las Fuerzas Armadas y con éste la aplicación de la picana eléctrica como principal instrumento de tortura, hasta ese momento usada en las estancias para arriar ganado. El comisario Leopoldo “Polo” Lugones -hijo del poeta, quien anunciara refiriéndose a la dictadura entrante “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada”[3]–  le dio este nuevo uso sobre los cuerpos de militantes y trabajadorxs. Su hija Pirí sufrió en su propia carne la tristemente célebre invención paterna a partir de su secuestro el 20 de diciembre de 1977 por una patota de la Esma.

Sin embargo, la represión no ha sido exclusiva de gobiernos militares, también los gobiernos constitucionales han desplegado la violencia como política estatal. Los momentos más sangrientos de la historia fueron la Semana Trágica y la Patagonia Trágica en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. El debut represivo de Gendarmería Nacional en la Masacre de Rincón Bomba durante el primer peronismo. El bombardeo a Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez. La Masacre de Trelew y la de Ezeiza. El accionar terrorista de la Triple A y el Comando Libertadores de América en Córdoba. El Operativo Independencia en Tucumán durante el mandato de Isabelita. Ahora bien, ¿qué sucede con la violencia del Estado a partir de 1983 y la recuperación de la democracia? Recordamos las muertes del 19 y 20 de diciembre durante la presidencia de Fernando De la Rúa y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Masacre de Avellaneda. La muerte del maestro Carlos Fuentealba y la desaparición del joven Luciano Arruga. En la gestión Cambiemos la política represiva se ha incrementado y profundiza la desarticulación de la protesta social y el amedrentamiento a dirigentes como el caso de Milagros Sala, presa política desde enero de 2016, y la eliminación de luchadorxs populares como Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana.

Según el Informe de la Situación Represiva Nacional[4] de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 a  2018  han muerto en manos de la violencia estatal 6.564 personas en situación de encierro, por gatillo fácil, desaparición forzada o femicidios. El 20 por ciento de esa cifra corresponde a la gestión macrista, es decir 1.303 muertes registradas en tres años. Lo que produce una víctima de la represión estatal cada 21 horas, posicionando al gobierno actual como el más represivo luego de la última dictadura. Otros datos importantes, el 47 por ciento de los casos registrados corresponden a muertes en comisarías, cárceles y bajo custodia policial mientras que el 38 por ciento las produce el gatillo fácil. Según el rango de edad la mayoría de las víctimas son jóvenes de 15 a 25 años, lo que corresponde un 41,2 por ciento del total, si sumamos a lxs menores de 15 y lxs de 25 a 35 años llega al 70 por ciento. Además, son 200 los casos de desaparición forzada desde 1983 hasta la actualidad.

Con una política económica neoliberal, en continuidad a la de Martínez de Hoz, acorde a las exigencias de EEUU, el FMI y los grandes organismos financieros locales y extranjeros el gobierno represivo de Macri & Cía busca una reestructuración profunda del Estado con reformas antipopulares –previsional, laboral, impositiva, penal, educativa y del sistema de salud- y de la relación capital-trabajo. Para ello, recrudeció la política de seguridad contra la resistencia popular y obrera. De allí, el protocolo antipiquetes, la Resolución 956/18 del Ministerio de Patricia Bullrich que oficializa la “Doctrina Chocobar”, el debate por la reforma del Código Penal y la Baja de Imputabilidad, el aumento de la inversión en armamento y el uso de policías de civil infiltrados y el espionaje sobre las organizaciones sociales, entre otras prácticas. A su vez, los medios hegemónicos de comunicación le dan tapa y buen horario a los casos de delincuencia juvenil generando sensaciones de inseguridad, miedo y acciones reaccionarias entre la ciudadanía que legitiman la represión como política de Estado.

El Estado terrorista no ha cesado en su accionar desde la recuperación de la democracia hasta hoy. Hay un Siempre Más para lxs pibes de las barriadas empobrecidas, para lxs que luchan contra las injusticias en defensa de los derechos vulnerados. Hay un 30.001 todos los días en esta rica Argentina. Hay un Código de Faltas en nuestra Córdoba que legitima el arrebato diario de la vida de otrxs Facundo Rivera. Hay un presidente que manifiesta “Necesitamos más policías como usted, es un héroe” condecorando la labor asesina de quien mata por la espalda a una persona desarmada. No, no necesitamos más armas, ni policías ni gendarmes en las calles para la seguridad del pueblo. Necesitamos trabajo digno, salud y educación. Necesitamos tener memoria y defenderla como lxs familiares de lxs detenidxs-desaparecidxs, como las madres de las pibas víctimas de la trata o los pibes asesinados por el gatillo fácil. “Necesitamos más pibes solidarios como Santiago y Darío Santillán y menos Chocobar y Patricia Bullrich”[5].

[1] Javier Trímboli, “1979: La larga celebración de la conquista del desierto”. Disponible en http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/1979-la-larga-celebracion-de-la-conquista-del-desierto

[2] “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”.

[3] Luis García Fanlo (2007). “Emergencia de la matriz militar discursiva argentina: el discurso de Leopoldo Lugones. Discurso y argentinidad”, 1 (1) s/n-s/n

[4] http://www.correpi.org/2019/informe-de-la-situacion-represiva-nacional-2018/

[5] Discurso de Sergio Maldonado en la presentación del Archivo de Casos de la Correpi en Plaza de mayo el 15 de marzo de 2019. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/181228-una-victima-por-represion-estatal-cada-21-horas

 

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