CEPIA le dice NO a la baja en la edad de punibilidad

Charlamos con Romina Bleger y Juliana Rodríguez, integrantes del Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia que participa dentro de la Red Argentina No Baja. Dialogamos en torno a las intenciones del Ejecutivo de bajar la edad de punibilidad. A su vez, nos comentaron su perspectiva y los motivos por los que se suman a decirle “no” a este proyecto.

Romi y Juli destacaron que es necesario trabajar “para combatir ese imaginario punitivista de la mano dura que dice que, como lxs pibxs son pobres, la pobreza trae delincuencia y por eso es mejor que estén encerradxs”.

“Desde el posicionamiento político que tenemos, de pensar a las infancias y adolescencias como sujetxs de derecho jamás podríamos pensar que la solución de los problemas sería la institucionalización”, explicaron y agregaron que lo que exigen es que haya espacios en cada barrio donde se garanticen sus derechos sociales, el bienestar, la salud, la salud sexual reproductiva y que, además, puedan estar incluidxs en las escuelas.

Imagen extraída de la fanpage de CEPIA

¿Por qué decir No a la baja?

Advirtieron de la inconstitucionalidad del proyecto ya que, en caso de concretarse, atentaría contra el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

Por otro lado, explicaron: “Si la excusa es para terminar con los grados de inseguridad o con el delito, es una falacia porque en realidad el índice de delitos graves cometidos por menores es ínfimo”. Asimismo, insistieron en que el encierro nunca es la solución: “El problema de esto es que empeora la situación de lxs pibxs, porque tampoco los lugares de encierro son dignos, está estudiado desde mitad del siglo pasado, que las instituciones de encierro no resolvieron en absoluto el problema de la delincuencia, y la mano dura no resuelve, empeora toda la situación”.

Señalaron que el encierro de lxs pibxs de clases populares es el último eslabón de una cadena en la que, desde muy pequeñxs, se vinculan con las fuerzas represivas de distintas maneras.

“No se generan las instancias para prevenir las situaciones de encierro, no hay Estado que se haga cargo de eso antes y la represión se convierte en la norma”, refirieron. Indicaron que, en este marco, el castigo se plantea como idea de reeducación, pero que ésta no es la solución.

Imagen extraída de la fanpage de CEPIA

¿Y el Estado dónde está?…

Las integrantes de CEPIA indicaron que el Estado no está siendo garante de los derechos de lxs niñxs y adolescentes que fueron promulgados en la Ley de Protección Integral. Resaltaron la necesidad de que exista un sistema de protección integral que, desde todos los niveles del Estado, municipio, provincia y nación se cuente con los recursos necesarios para garantizar los derechos de niñxs y adolescentes. “Que haya presupuesto para que se ejecuten medidas de protección y además que esas medidas prioricen el bienestar de ellxs y que no vayan en contra de la organización familiar o de cómo se organiza la vida de clases populares”, destacaron.

En este marco, explicaron que por lo general las medidas de excepción que se toman tienden a separar al niñx o adolescente del núcleo familiar o a institucionalizarlxs, “en el caso de los adolescentes varones lo más común es que se los lleven a un complejo juvenil o a una ´casa puertas abiertas´, y están meses sin ver a la familia. No se tiende a pensar en la integralidad de una política que atienda las necesidades del pibe y también de la familia”, refirieron.

… Aplicando políticas represivas

Romi y Juli agregaron que todas estas situaciones mencionadas se complementan con las políticas represivas del gobierno de Córdoba, en donde la política policial tiende a encerrar a lxs pibes, a detenerlxs y a no cumplir con ninguna de las garantías procesales que tienen las personas, problemática que a su vez empeora en el caso de lxs menores.

“En nuestra provincia está desarticulado el sistema de protección. Córdoba es una de las provincias que adhiere más tarde al sistema de protección integral de derechos de niñxs y adolescentes, en el 2005 se promulga la ley, y en 2011 adhiere Córdoba, nuestro sistema siempre fue sumamente tutelar”, informaron.

En términos nacionales, las entrevistadas resaltaron el vínculo entre la presentación de este proyecto en año electoral y en un contexto político que constantemente atenta contra las políticas sociales, económicas y educativas.

También señalaron el caso Chocobar, las situaciones de gatillo fácil como ejemplos de casos en que el gobierno otorga legitimidad a la represión y aplicación de “mano dura”, lo que hace que, según las entrevistadas, se fomente un imaginario punitivista. A esto lo vincularon por otra parte, al rol de los medios hegemónicos de comunicación y a sus estrategias para presentar las noticias a través de la criminalización o bien, celebrando casos como los mencionados anteriormente.

Imagen extraída de la fanpage de CEPIA

¿Qué es CEPIA?

El Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia surgió en el año 2015, está conformado por estudiantes, graduadxs y docentes de la UNVM. Comenzaron a trabajar con las infancias de clases populares alrededor del 2011, a través de los programas de voluntariados universitarios. CEPIA es un espacio que se piensa desde la propuesta de educación popular freireana, que, en palabras de las integrantes, es la herramienta con la que cuentan para problematizar su trabajo en los talleres, que son los momentos en donde ponen de manifiesto las intencionalidades políticas de su intervención. Desde 2017 el CEPIA trabaja en espacios de intervención en el barrio Las Playas. En sus comienzos también trabajaron en el Botta y La Calera.

Romi y Juli señalaron que el espacio del que forman parte, “es un campo de investigación, de militancia y también un campo para problematizar, lo que viene desde la intervención universitaria y lo que llega de nuestros recorridos ya que somos la mayoría estudiantes de Ciencias Sociales”. Explicaron que, además de la investigación y la intervención, también generan encuentros plenarios donde se organizan y reflexionan.

En el 2016 estuvieron en un plenario en Buenos Aires en donde se debatió acerca de las intenciones del Ejecutivo de bajar la edad de punibilidad. Se fueron formando y en el marco de sus intervenciones y formas de trabajar generaron espacios de discusión en Villa María, como fue una charla con la abogada y docente Claudia Cesaroni y un taller de formación específicamente sobre el régimen penal juvenil. Desde ese momento, trabajan para poder darle visibilidad a la Campaña Argentina No Baja.

Imagen extraída de la fanpage de CEPIA

 

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