Las botas bien lejos del gato por favor

* Por Nadia Luna y Enzo Scargiali para Nodal

El pasado 23 de julio, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, anunció un plan de reforma de las Fuerzas Armadas. “Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior”, dijo, como al pasar, y continuó enumerando otros puntos del plan. Así, bajo los usuales eufemismos que decoran su discurso, como “proceso de modernización”, “integración al mundo” y la inevitable alusión a la democracia, Macri dejó en claro su intención de romper un consenso democrático que tiene más de 30 años de vigencia y está resguardado por un amplio marco legal, como el Decreto 727/2006, que limita el accionar de las FFAA en asuntos de seguridad interna. Es por eso que organismos de Derechos Humanos y numerosos actores de la sociedad civil repudiaron masivamente la decisión.

Claro que, aunque el presidente justifique la medida bajo el mote de “los desafíos del siglo XXI”, se sabe que el procedimiento de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior dentro de un gobierno democrático no es nuevo en América Latina. Colombia y México representan dos experiencias paradigmáticas. En esos países, este procedimiento persiste y continúa dejando a su paso un aumento del número de personas desaparecidas, secuestradas, torturadas y asesinadas.

Por eso, creemos que es importante realizar un rápido repaso porla experiencia de nuestros vecinos latinoamericanos, que desde la década de 1990 el primero y mediados del 2000 el segundo, han habilitado la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna bajo el pretexto de librar una “lucha contra el narcotráfico” con consecuencias nefastas.

De comunistas a narcos

Durante el siglo XX,la historia de los Estados latinoamericanos se ha visto atravesada por la dicotomía democracia/dictadura a partir de los sucesivos golpes de Estado. Como indican el historiador Waldo Ansaldi y la socióloga Verónica Giordano (en América Latina: la construcción del orden), esta situación se profundizó hacía mediados de la década del ’60, cuando se produjo la instauración de las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas, es decir, cuando los militares se convirtieron en políticos que venían a corregir “los vicios de la democracia que amenazan a la Nación”. De esta manera, se invocaba a la democracia para imponer una nueva doctrina basada en el terror de Estado que venía a combatir la “amenaza comunista”.

Por supuesto, quien movía los hilos de esta intervención “estratégica” era el país que estaba del lado capitalista de la Guerra Fría: Estados Unidos. Luego de la Revolución Cubana de 1959, pareció percatarse de la existencia de América Latina y puso sus binoculares sobre la región, a través de la Doctrina Kennedy y la creación de la Alianza para el Progreso, un programa de “ayuda” económica para los países latinoamericanos.

Como cuenta la historiadora Silvina Romano (en ¿América para los americanos? Integración regional, dependencia y militarización), el gobierno estadounidense realizó diagnósticos de la situación latinoamericana por medio de la CIA y sobredimensionó el avance del comunismo para justificar su intervención. En Colombia, por ejemplo, la CIA había encontrado más de ochocientos movimientos guerrilleros, por lo que le sugería al Gobierno expandir los operativos armados a las áreas rurales. Conceptos como “disuasión”, “insurgencia, “subversión y “contención” protagonizaron el discurso de los funcionarios durante las primeras décadas de la Guerra frío.En el siglo XXI, se produjo una reorientación de los enemigos del Estado: ya no son los comunistas que pusieron en peligrola democracia del sueño americano, sino los “narcoterroristas”, esa clasificación que combina dos “amenazas”, porque se sabe que por estas latitudes el argumento del terrorismo por sí solo no funcionó tan bien como en otros lados.

Colombia: memoria hostil de un tiempo de paz sin paz

En Colombia, la violencia es un elemento cotidiano del cual el país no logra escindirse aún después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, tras más de medio siglo de conflicto armado.

La cosa se puso bien brava a mediados del siglo XX. “A las históricas formas de violencia, la estatal y la lucha campesina por la tierra, se sumó la violencia guerrillera, la violencia narcotraficante y la violencia paramilitar”, explican las investigadoras del Conicet y profesoras de la UBA Verónica Giordano, Inés Nercesian, Julieta Rostica y Lorena Soler en Sociedad rural y violencia política en América Latina. Allí, cuentan que a fines de los años ‘80, con la expansión de los cultivos de coca, se produjo un aumento de los territorios apropiados por narcotraficantes, que se tradujo en una importante desestabilización de los poderes del Estado y en mayor corrupción. ¿Cuál fue el método elegido por los gobernantes de turno para combatir el problema? Una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional –fogoneado por Estados Unidos, claro-.

Esta medida produjo, al igual que cada vez que se implementó, el incremento de la espiral de violencia y corrupción, además de propiciar la creación de nuevos y más sofisticados grupos paramilitares. Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2013, el área cultivada de coca era de 85.000 hectáreas y la producción de cocaína de 185 toneladas. Un año después, las cifrasescalaron a 122.000 y 245, respectivamente.

A pesar de los vaivenes políticos, el 24 de noviembre de 2016, delegados y delegadas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por un lado, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por el otro, concretaron la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Las FARC se convirtieron en un partido político con las mismas siglas: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sin embargo, la paz aún está lejos de formar parte de la realidad cotidiana del pueblo colombiano. Un informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) estimó que, durante el primer año de vigencia, la implementación del acuerdo llegó apenas a un 18,3%. Por otra parte, diversos grupos paramilitares se están disputando los territorios que van dejando las FARC. Como consecuencia, ha crecido el número de asesinatos en esas zonas. En lo que va de 2018, ya suman 90 los líderes sociales asesinados, mientras que se contabilizan 330 desde que se firmaron los acuerdos de paz.

México: del narco boom al experimento fallido

Desde mediados de 1980, la sociedad mexicana ve crecer al narcotráfico en medio de un espiral de violencia y corrupción que parece no tener fin. Una primera estrategia para combatirlo se estructuró desde los organismos de Inteligencia, que comenzaron a perseguir a los principales capos narco pero que terminó llevando a la fragmentación de sus respectivos grupos y al aumento de la violencia por el control de los territorios que se disputaban.

Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, abrió las importaciones de alimentos y eliminó los subsidios en el campo. Esto afectó enormemente la economía de los campesinos y creó un terreno fértil para que los cárteles ofrecieran amablemente sus semillas de marihuana, que implicaban ganancias que superaban ampliamente las obtenidas con otros cultivos. Dos décadas más tarde, el país se convirtió en el segundo productor de marihuana del mundo, como lo indica el Informe Mundial de Drogas 2017 de la ONU. Elnarco boompropició el escenario para una nueva intervención de Estados Unidos en la política mexicana que se concretó en la Iniciativa Mérida de 2008, mediante la cual el dinero transferido al Estado creció sin antecedentes: de un promedio de 35 millones de dólares pasó a 400 millones en el primer año.

En tanto, la política de seguridad interiorpuso unos cien mil soldados en las calles, propulsada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por su sucesor Enrique Peña Nieto, quien culminará su mandato en noviembre de 2018.

En este contexto represivo, se estima que hay más de 30 mil personas desaparecidas y alrededor de 85 mil asesinadas. Nadín Reyes, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlosresumió así el verdadero propósito de la “guerra contra las drogas”: “El Gobierno mexicano está tratando de instaurar una situación de miedo y control social a través del terrorismo de Estado, donde a través de la desaparición forzada se pretende que la sociedad no se movilice y sea más fácil implementar una serie de reformas neoliberales que buscan disminuir los derechos que ya se habían logrado”.

Una década más tarde de declarada la guerra interna, el malestar contra esa política ha sido expresado hasta por los propios militares. En una carta enviada al presidente Peña Nieto en enero de 2017, 20 militares presos por delitos cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico señalan: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.

A los botes con las botas

A partir de esta rápida revisión, podemos afirmar que la participación de las Fuerzas Armadas al interior de los países ha fracasado,ha generado serias violaciones a los derechos humanos y supone un grave retroceso para las democracias.

Por eso preocupan tanto las recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri.

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Porque apela a una política de drogas que se reduce al uso de la violencia armada y la persecución a las víctimas del consumo, mientras que descarta un enfoque integral de salud pública. Una política que,como se explica en Un libro sobre Drogas (de El Gato y la Caja), termina favoreciendo al crimen organizado a costa de la muerte, violencia y corrupción, que recae sobre aquellos que por sus condiciones socioeconómicas son impulsados a participar del negocio del narcotráfico ante la ausencia del Estado.

Porque se trata de una medida que, bajo la excusa de la “integración al mundo”, busca alinear más al país con el histórico titiritero de la región, que casualmente unos días antes del anuncio envió a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a charlar con Macri.

Porque sabemos que la evidencia más clara de la intervención militar en seguridad interna es la que siguen escribiendo con sangre nuestros hermanos latinoamericanos.

Porque dijimos Nunca Más y lo seguiremos repitiendo cada vez que sea necesario. Con el pañuelo blanco en alto, el pueblo en las calles y las botas bien lejos del gato.

*Nadia Luna es periodista y licenciada en Comunicación Social (UNLAM). Enzo Scargiali es sociólogo (UBA), docente y becario de posgrado de la UBA. Ambos son maestrandos en Estudios Sociales Latinoamericanos (FSOC – UBA).

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