Los 5 riesgos de militarizar la seguridad interior

Por Sebastián Ortega para Cosecha Roja

El Presidente pondría en marcha esta nueva política sin pasar por el Congreso, a través de dos decretos que modifiquen la ley de defensa. ¿Qué pasa cuando los militares cumplen funciones de policía? ¿Cuáles son los antecedentes en la región? ¿Por qué esta doctrina es una amenaza para la democracia y la soberanía nacional?

Acá te contamos las cinco claves de los riesgos que implica la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

1. Los derechos humanos en riesgo: las Fuerzas Armadas están preparadas para aniquilar.

La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior forman parte de la doctrina promovida por los Estados Unidos bajo la excusa de enfrentar “nuevas amenazas” como el narcotráfico y el terrorismo.

¿Cuáles son los riesgos? A diferencia de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas -además de tener una mayor capacidad de fuego- no están entrenadas en el uso gradual de la fuerza. “Están preparadas para aniquilar”, explicó a Cosecha Roja hace unos meses la ex ministra de Defensa Nilda Garré cuando el gobierno ya insinuaba el cambio de doctrina.

“Nuestras Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para cumplir con las tareas que cumplen las fuerzas de seguridad. Los elementos de combate de los militares argentinos están entrenados para el empleo de la violencia en su grado más extremo, y en un contexto de guerra, y no están instruidas para actuar bajo órdenes de fiscales y jueces, ni para aportar pruebas para procesos penales, ni para realizar inteligencia criminal, ni para investigar la comisión de delitos”, explicó la doctora en sociología Paula Canelo en un ensayo para revista Anfibia.

2. La intervención militar en conflictos sociales

El proyecto de militarizar la política de seguridad no es nueva. En enero de 2016 la vicepresidenta Gabriela Michetti firmó el decreto que declara la emergencia en seguridad en el territorio nacional.

“¿A qué llaman emergencia? A todo y a nada, y en eso reside su mayor peligro. El decreto disfraza y encubre su verdadero propósito”, explicó en ese entonces Ileana Arduino, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y ex secretaria de políticas de prevención y relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin una definición clara, cualquier grupo social puede constituirse en una amenaza de la seguridad nacional.

Hoy, con un helicóptero y una bandera argentina gigante como escenografía, Macri hizo el anuncio de una política planificada desde su llegada al poder. “Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”, explicó.

En esa lista de objetivos estratégicos están incluidas las centrales nucleares y yacimientos petrolíferos como el de Vaca Muerta, la formación de gas y petróleo más importante del país, un territorio en disputa entre empresarios y comunidades originarias.

“Hay un gran temor de que la definición de objetivos estratégicos alcance a lugares o situaciones que estén involucrados en dinámicas de protesta social”, explicó a Cosecha Roja Manuel Trufó, coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La doctrina de las “nuevas amenazas” diseñada por Estados Unidos también establece la necesidad de utilizar a los militares para combatir el terrorismo. En Argentina el gobierno reconoce la existencia de una única organización terrorista: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una supuesta organización armada cuya existencia ni siquiera está probada.

Según un informe del Ministerio de Seguridad la RAM recibe armas y apoyo financiero de organizaciones internacionales pero ataca con cuchillos, martillos y serruchos. Entre la larga lista de atentados que el gobierno le atribuye están el ataque a piedrazos a gendarmes durante la represión en la que murió ahogado Santiago Maldonado y el supuesto “enfrentamiento” con integrantes del grupo Albatros de Prefectura en el que fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel.

La “nueva doctrina” podría habilitar la intervención militar en conflictos con las comunidades mapuche o en situaciones de protesta social con otros actores políticos.

“Un caso para tener en cuenta es el de Perú, donde las Fuerzas Armadas tienen la misión de control y represión de la protesta social y se han dado casos con cantidades de muertos impresionantes”, explicó Trufó.

3. Colombia y México: el fracaso de estas políticas en Latinoamérica

En 2006, a poco de asumir, el presidente mexicano Felipe Calderón le declaró la “guerra al narco” y dispuso la intervención de las fuerzas armadas en el combate a los grupos criminales. La violencia no se redujo, sino que aumentó. Según organizaciones de la sociedad civil el saldo fue de aproximadamente cien mil muertos y 30 mil desaparecidos.

Las denuncias por torturas, asesinatos y desapariciones cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas se incrementaron un mil por ciento. Estas denuncias no fueron investigadas y permanecen impunes.

El caso de Colombia también es paradigmático. El país atravesó durante décadas un conflicto armado interno en el que intervinieron las fuerzas armadas. Según el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recibieron “denuncias de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por parte de los militares”.

4. La corrupción y desprofesionalización de las Fuerzas Armadas

El jurista Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), también alertó sobre el riesgo de enfrentar a las fuerzas armadas, inexpertas y mal equipadas, a un fenómeno criminal muy complejo como el narcotráfico: “Las acercás a un fenómeno con un gran efecto corruptor”, explicó Binder. El caso de México es un gran ejemplo de eso.

La intervención militar en asuntos de seguridad tiene otra grave consecuencia: la desprofesionalización de las fuerzas armadas. “Cuando se las utiliza como Policía o como guardianes de fronteras se va perdiendo la especificidad de la misión militar, que tiene que ver con la defensa de la soberanía”, dijo Trufó.

Según explicó el experto del CELS, detrás de la doctrina de las “nuevas amenazas” que impulsa Estados Unidos en la región hay otro objetivo geopolítico: “La transformación de las Fuerzas Armadas en policías y la renuncia de esos países a tener su propia política de defensa. Se busca desmantelar a las Fuerzas Armadas”, contó Trufó.

5. Las fuerzas armadas se convierten en un actor político de peso

La prohibición de que las fuerzas armadas intervengan en la seguridad interior fue un acuerdo que se sostuvo durante 35 años de democracia y que permitió desarmar el poder que habían tenido los militares como actores políticos durante casi medio siglo.

“Otro costo de esta política es el riesgo de que las Fuerzas Armadas vuelvan a convertirse en un actor político importante”, explicó Trufó. “Este no es un gobierno que se caracteriza por tener una fuerte política de control sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad”, agregó.

“Esta es una pésima noticia. Se ha roto una de las políticas de Estado más firmes y con mayor consenso de la democracia”, explicó Binder.

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