La marea verde que arrasa el continente

Por Luciana Peker para Las 12 (Página12)

La aprobación del aborto legal, seguro y gratuito el 14 de junio en Argentina (aun cuando todavía falta el paso por el Senado) fue un despertador para toda América latina que comenzó a llamar a marchas, tuitazos y convocatorias para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en Brasil, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros países. También en Chile critican los obstáculos para cumplir con el aborto por causales aprobado el año pasado. Y solo en Cuba y Uruguay el derecho es pleno.

La aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados, la mañana del 14 de junio, después de una vigilia popular de un millón de mujeres durante toda la trasnoche con un estallido de abrazos, festejos, cantos, lágrimas y emociones inyectó de feminismo a toda América Latina. En distintos países se motorizaron o iniciaron campañas para reclamar por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y personas gestantes. Y las redes sociales se  plasmaron de dibujos que muestran que la ola verde (no importa qué color tenga el pañuelo o la insignia) no juega de local, sino que inunda los derechos de las mujeres afro, originarias, latinas y caribeñas.

“Hoy Argentina, mañana Perú”, dice el dibujo que muestra a dos chicas, con camisetas nacionales de fútbol y sus brazos juntos y levantados, de la agrupación “Paremos el acoso callejero”. También en Perú convocan a un tuitazo por el aborto legal los viernes desde las 12 hasta las 15 horas “por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”. “Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país”, consigna el lema de la Campaña México Pro – Aborto, Educación Sexual para Decidir, en un país en donde en la Ciudad de México es legal, pero en el resto de las provincias no y además se criminaliza fuertemente. “Se Argentina Pode Brasil Também”, es el lema de Articulacao de Mulheres Brasileras, con un dibujo de una mujer sonriente y con un pañuelo verde (similar al de la Campaña argentina por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito). En Venezuela llamaron a una convocatoria para el 20 de junio en la Asamblea Nacional Constituyente por el aborto legal, desde el Frente Cultural de Izquierda y Rias y se repite la idea que el poder de Argentina tiene efecto dominó, desde la agrupación ¿Calladita más bonita?; entre otras convocatorias en todo el continente y el Caribe.

El aborto legal, seguro y gratuito todavía tiene que ser aprobado por el Senado. Pero el efecto del trabajo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la movilización popular, la militancia feminista pionera y tradicional, revolución de las hijas y la suma de actrices y figuras públicas, entre otros factores y el festejo en las calles con el verde como emblema, el brillo en las caras de las chicas y la emoción de una victoria política en tiempos continentales de derrota y desazón movieron el tablero latinoamericano. La abogada Natalia Gherardi, Coordinadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), desde un encuentro sobre violencia de género, en Bolivia, muestra el efecto patria grande de la victoria por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso: “Compartiendo un seminario internacional en la ciudad de Cochabamba con colegas de varios países de la región fue evidente el interés por el proceso argentino, no solo por el logro que significa la media sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino, también, por el ejercicio democrático y participativo que llevamos adelante como sociedad”.

El aborto es legal, seguro y gratuito solo en Uruguay (aprobado en el 2012) y en Cuba, el país pionero en garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 1965, en todo el continente. También en la Ciudad de México se logró implementar (en 2007) de modo seguro la práctica, pero con una brecha clara en el resto del país, en donde es fuertemente criminalizado. En Chile, Michelle Bachelet motorizó la discusión parlamentaria que logró conseguir, en septiembre del 2017, una aprobación que fue una clara victoria de género de Bachelet. Ella  dejó la presidencia con la meta cumplida de quitar la prohibición total que había impuesto el dictador Augusto Pinochet antes de terminar con la dictadura militar. La iniciativa, además, fue refrendada por el Tribunal Superior. Sin embargo, solo se logró implementar por causales (por violación, peligro de la vida de la mujer e inviabilidad del embarazo, pero no cuando corre riesgo la salud) y aun así hay problemas para la implementación efectiva de la norma y, mucho más, desde la llegada al gobierno del actual Presidente Sebastián Piñera con un claro tinte conservador.

La conquista argentina se sintió del otro lado de la cordillera “Indudablemente ha tenido un impacto en Chile donde recientemente se han presentado problemas en torno a la implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Las organizaciones feministas hemos exigido siempre el aborto legal con sistema de plazos porque conocíamos los problemas de implementación de leyes por causales en otros países de la región. Los avances en Argentina han motivado en Chile la demanda por el aborto legal y se están articulando espacios entre las organizaciones convocando a manifestaciones de apoyo y la presentación de un proyecto de ley para presionar por la implementación de la actual norma y avanzar en la despenalización social del aborto para logar, a mediano plazo, una ley que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, subraya Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas.

En el bando del machismo 100 por ciento están El Salvador  (donde está prohibido de forma total desde 1988, con casos emblemáticos de mujeres con duras condenas de cárcel por abortar y sin que puedan prosperar para aprobar el aborto por causales) y Nicaragua (en donde el aborto está prohibido en todos los casos por el gobierno de origen sandinista de Daniel Ortega que entregó los derechos de las mujeres a cambio de un pacto con la Iglesia, en un contexto de denuncias por abuso sexual y de violencia institucional) y, en la mayoría, se permite pero, solo, en algunos casos (como violación, riesgo de muerte o anencefalia) como en Brasil donde la Corte Suprema avaló la despenalización y se introdujo, durante la gestión del Partido de los Trabajadores, un sistema de hospitales amigables. En República Dominicana llevan adelante una gran campaña para despenalizarlo y uno de sus lemas es “Aborto por la vida”. En Ecuador y Venezuela las penas a las mujeres por interrumpir un embarazo son de hasta dos años y en Guatemala, Panamá y Puerto Rico de tres años, según un monitoreo del diario español Público. En Honduras también hay castigo para lxs médicos y en Perú hay que hacer tareas comunitarias como castigo por decidir sobre el cuerpo.

En septiembre de 2017, el Congreso de Bolivia aprobó la ampliación de causales, por ejemplo, cuando la mujer es estudiante, tenga hijos, mayores o personas con discapacidad a su cargo, y hasta la octava semana de embarazo, además de violación o incesto. Mientras que, desde Bolivia, Mónica Novillo, Directora de la Coordinadora de la Mujer e integrante del Pacto por la Despenalización en Bolivia remarca: “Los ojos y esperanzas de los movimientos de mujeres y feministas de la región y el mundo están puestos sobre los avances en el debate parlamentario en Argentina. Aunque existe una tendencia mundial a avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres surgen, con fuerza, voces conservadoras que buscan negarlas. Las mujeres argentinas nos han dado grandes lecciones de las que aprender, entre ellas, que los derechos no son concesiones, son conquistas y que nuestras voces deben ser oídas en las calles”.

En algunos países, como Paraguay o Costa Rica, siguen las penas a las mujeres que no quieren continuar con su embarazo, pero la palabra honor ejerce un raro sentido de la piedad, como si el honor fuera un atenuante para el ejercicio de la libertad. En Ecuador el  anterior gobierno de Rafael Correa, de tinte popular pero fuertemente conservador y anti derechos, amenazó a las mujeres con renunciar a su cargo si avanzaban con la idea de legalizar el aborto. La médica activista por la despenalización del aborto y directora de la Fundación Desafío, en Quito, Virginia Gómez de la Torre enfatiza: “En Ecuador violan y embarazan a dos mil niñas al año y el estado es cómplice con su indolencia e indiferencia porque las obliga a continuar con estos embarazos. El estado ecuatoriano obliga a las mujeres a autoincriminarse por abortos provocados y además las judicializa. Hasta el 2018, 250 mujeres han sido denunciadas cuando llegaron a los hospitales para que las atiendan. En varias ocasiones las llevaron primero a la fiscalía y luego al hospital atentando a su derecho a la vida y a la salud integral tal como dice la constitución ecuatoriana vigente desde el 2008”. ¿Cuál es el efecto del 14- J?: “Argentina nos ilumina, nos da valor y argumentos para seguir con nuestros procesos de despenalización social y legal del aborto”, valoriza.

En Costa Rica el aborto está penado en el artículo 121 salvo “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Las organizaciones feministas la Colectiva por el Derecho a decidir y Acceder lucharon para que la Caja Costarricense del Seguro Social implemente el Protocolo de Atención para el Aborto Terapéutico en el sistema de salud pública y que el término salud, sea visto tal y como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera integral y dónde se considera tanto la salud física, emocional y psicológica de las mujeres. Pero hay dos casos emblemáticos, el de Ana y el de Aurora, que fueron obligadas a llevar embarazos a término a pesar que eran incompatibles con la vida extrauterina porque no consideraban que estaba en riesgo ni su vida, ni su salud.

“La vicepresidenta Epsy Campbell no se ha manifestado ni a favor ni en contra del aborto. Durante la campaña política del actual presidente Carlos Alvarado Quesada él se manifestó en contra del aborto, y no mostró ningún interés en la despenalización. Asimismo diputados como José María Villalta (Frente Amplio) y Enrique Sanchez (PAC) y la diputada Paola Vega (PAC) han manifestado a favor de la despenalización del aborto. Costa Rica es un país muy conservador y continúa siendo un estado confesional. Además, en esta nueva administración, se cuenta con un bloque de catorce diputados y diputadas de un partido de corte religioso neopentecostal que están contra el aborto en todas sus formas”, radiografía Nadiezda Serrano Álvarez, activista feminista autónoma de Costa Rica. Ella también grafica el impacto de la movilización desde el sur. “El movimiento en Argentina por el aborto legal nos ha inspirado como feministas costarricenses para generar acciones y convocatorias abiertas a colectivas feministas, para organizarnos en torno a la lucha por el aborto legal, siempre basada esta lucha en el contexto costarricense”.

Desde Brasil -y definida como “preta pra sempre”- Dríade Aguiar, editora y columnista de MidiaNINJA y ForadoEixo marca como los vientos feministas cruzan fronteras y contagian una alegría verde y unida: “Aquí estamos tremendamente inspiradas por la victoria de Argentina. Varias mujeres, dentro y fuera de las organizaciones institucionales feministas, se están movilizando en esta lucha que ya tiene casi cincuenta años. Debido a la conmoción generada en la última semana, aquí también se adoptó el mismo color de lucha y, con ese empujón de las hermanas, la onda verde debe tomar nuestro país. Esto junto a las movilizaciones que acontecieron en Irlanda, país que tiene una sociedad muy religiosa, como la brasileña, nos dejan un escenario bomba. El punto alto serán los actos realizados el 22 de junio cuando aproximadamente diez grandes ciudades saldrán a las calles, entre ellas San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. En el mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal realizará una audiencia pública sobre aborto, para hablar sobre el proceso que debe llevar la votación para la aprobación o no de la ley. Hasta ese día, seguiremos luchando incansablemente por el derecho de nuestros cuerpos”.

“El proceso argentino está siendo observado con mucha atención desde Perú, ya que se muestra no solo como un debate de argumentos entre expertos y autoridades, sino como un proceso de afirmación de ciudadanía en el que la sociedad reconoce auténticamente la calidad de sujeto de derecho de las mujeres y lo reivindica públicamente en los espacios que encuentra”, destaca Jeannette Llaja, de la Asociación Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), de Perú. La situación peruana no es amable y solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando corre riesgo la vida de la mujer: “Tenemos un Congreso dominado por una mayoría fujimorista explícitamente  en contra de cualquier posibilidad de ampliar la despenalización del aborto, incluso el de un embarazo producto de una violación sexual. En ese marco, las movilizaciones generadas y los discursos presentados por el Poder Legislativo argentino han sido comentados y viralizados por líderes de opinión y autoridades (incluyendo congresistas) afines al derecho a decidir de las mujeres, además de organizaciones y activistas feministas. Paralelamente, ya están convocando a acciones de articulación para retomar el debate de la despenalización del aborto en Perú, en donde se calcula que se producen 371.000 abortos clandestinos y sobre el que recaen dos resoluciones supranacionales en contra por haber violado los derechos humanos de adolescentes al negarles el acceso al aborto”.

Llaja también puntualiza: “En Perú, producto de una iniciativa ciudadana llamada #DéjalaDecidir, entre el 2014 y el 2016, se debatió la propuesta de despenalizar el aborto por violación sexual en el Congreso, pero fue finalmente archivada, pese a tener apoyo de la mayoría de la población. Y, actualmente, existe una iniciativa similar, pendiente de debate”. Por su parte, la abogada feminista Adriana Benjumea, Directora de la Corporación Humanas, de Colombia, profundiza: “Avanzar en el derecho al aborto en la región es un asunto de justicia que no puede esperar y, en ese sentido, la movilización de las mujeres argentinas y el debate serio y profundo en la Cámara de Diputados sobre la ley de aborto en Argentina manda un mensaje contundente en la región de como legislar sobre nuestros derechos, con nuestras demandas y nuestras voces”.

El 97 por ciento de las mujeres que viven en la región no tienen acceso a aborto legal, seguro y gratuito, según un informe del Instituto Guttmacher. Por eso, el reclamo, igual que lo que ya pasó con el grito de Ni Una Menos, se extiende por el continente, se multiplica en las redes, se convoca a hacer cuerpa en la calle y se ejerce como una forma de presión frente a la política indiferente o conservadora. Que sea ley. Y que sea en toda Latinoamérica.

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