Cambiemos y un pico represivo

Al finalizar el año 2017, los datos en relación a la problemática de la represión fueron alarmantes. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentó su informe anual que demuestra que desde que asumió el gobierno de Cambiemos  “vivimos el mayor pico represivo desde la vuelta a la democracia”.  María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora, respondió a las inquietudes que nos surgían.

¿Qué panorama parece plantearse, teniendo en cuenta que es constante el abuso de las denominadas “fuerzas de seguridad”? ¿Qué sucede cuando el Estado abala este accionar, por ejemplo, sancionando el famoso “protocolo antipiquete”?

CORREPI no avala el término “abuso”. Así como dimos la pelea para demostrar que fue terrorismo de estado y genocidio, y no simples errores o excesos de algunos militares durante la dictadura, tampoco son abusos, manzanas podridas ni psicópatas reclutados por error en democracia. Es una política de Estado (ahora públicamente defendida, post Chocobar, por el gobierno nacional).

El protocolo antipiquete fue una iniciativa dirigida a otra modalidad represiva, la que se descarga en forma selectiva sobre los sectores organizados del pueblo trabajador. Se vincula con la represión y criminalización del conflicto social y la protesta, no con la militarización de los barrios y la represión de control social sobre los más jóvenes y pobres. De hecho su título oficial remite a movilizaciones y manifestaciones.

Es tanta la legitimidad de Cambiemos hacia la violencia institucional, que el mismo Mauricio Macri, ante el “caso Chocobar”, se reunió con este policía y le dijo “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”. Además, el gobierno asume como “política pública” la defensa del “policía en acción”. ¿Qué rol juegan las fuerzas represivas?

Tampoco usamos la expresión “violencia institucional”, vaciada de contenido en la última década. Si es institucional no es simple violencia, es represión.

Las FFSS son el brazo armado del estado, y las administra y dirige el gobierno de turno. A partir del caso Chocobar, lo que ha quedado claro es que, por primera vez en 35 años, un gobierno, en lugar de mirar para otro lado ante un fusilamiento de gatillo fácil, y decir “la justicia va a investigar hasta las últimas consecuencias” en el mejor de los casos, salió a reivindicar como su “nueva doctrina” esa herramienta represiva. Dieron la orden de matar, instalaron en vigencia la pena de muerte a punta de reglamentaria.

Patricia Bullrich, cuando le mencionaron el Archivo de CORREPI dijo que “Es absolutamente mentira, falso. Y si quiere, le puedo mandar una por una las mentiras de los casos falsos”. ¿Será que no tiene noción de las estadísticas reales de abusos policiales? ¿O será un intento de ocultar las consecuencias de estas políticas?

Patricia Bullrich no tiene noción de muchas cosas, por ejemplo de quién escribió el Código Penal (dijo que fue Vélez Sársfield, autor del Código Civil, que llevaba varias décadas muerto para 1921). Pero de lo que hacen sus fuerzas de seguridad no sólo tiene conocimiento, tiene responsabilidad como la ministra de las que dependen. Muchos gobiernos intentaron, a través de sus funcionarios, desacreditar el Archivo de CORREPI. Ninguno pudo mostrar que un solo caso sea falso o inventado. Tampoco lo puede hacer Bullrich, que claramente sabía de qué le hablaba el periodista cuando saltó a decir eso casi sin dejarlo terminar la pregunta. Le respondimos públicamente que la estábamos esperando para discutir caso por caso. No la hemos visto, ni a su lista de “casos falsos”. ¿Vos?

¿Qué rol tiene el periodismo y los medios de comunicación en relación a esta problemática?

Es necesario distinguir el conjunto de medios hegemónicos que funcionan como caja de resonancia y amplificación de la propaganda oficial, de los medios y trabajadores/as de prensa independientes, que desde espacios autogestivos, comunitarios o alternativos dan espacio a otras voces.

Unos son el aparato de difusión de los gobiernos, los otros con compañeros y compañeras que comunican para transformar.

Ante este escenario, ¿qué acciones se pueden realizar?

No hay acciones aisladas útiles, ni en el frente antirrepresivo ni en ningún otro espacio de lucha. Sólo con organización podemos enfrentar el sistema.-

Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri parece incrementar sus políticas represivas sin reparo alguno. Los datos estadísticos que arroja el informe de CORREPI señala que tenemos una muerte cada 23 horas, es decir, más de un muerto por día en manos del Estado.  Esto arroja un dato realmente alarmante, 725 asesinados por la represión estatal en 721 días del gobierno de Cambiemos. Asimismo, el informe señala que “el 50% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos. Así se confirma que, en el segmento mayoritario, que son los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención, la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase”. Consulta el INFORME completo.

Foto: Colectivo Manifiesto

 

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